Resumen de la Mesa | Responsabilidad de Intermediarios y Libertad de Expresión en la India

Resumen de la Mesa de Legislación Comparada sobre Libertad de Expresión en la India. Responsabilidad de intermediarios y Comités de Apelación de Reclamos: cómo las Reglas de IT de la India están reconfigurando el discurso en línea.

1. Antecedentes

La sesión examinó cómo regula la India la responsabilidad de los intermediarios en línea, con foco en las Reglas de Tecnología de la Información (Directrices para Intermediarios y Código de Ética para Medios Digitales) de 2021 (Reglas de IT) y en los Comités de Apelación de Reclamos (Grievance Appellate Committees, GAC) creados en 2022. En la presentación se identificaron dos fuentes primarias de derecho: la Constitución de la India y la Ley de Tecnología de la Información de 2000 (Ley de TI). El artículo 19(1)(a) de la Constitución protege la libertad de palabra y de expresión, que la Corte Suprema ha interpretado como comprensiva del derecho a saber. El artículo 19(2) permite restricciones razonables solo por motivos específicos: la soberanía e integridad de la India, la seguridad del Estado, las relaciones amistosas con Estados extranjeros, el orden público, la decencia o la moral, el desacato, la difamación y la incitación a un delito. Se subrayó que corresponde a los tribunales determinar qué es “razonable”.

2. Marco jurídico de la responsabilidad de los intermediarios

Se señaló que la Ley de IT define “intermediario” de manera amplia y abierta (sección 2(1)(w)). Se describió la definición como comprensiva de toda persona ubicada entre el creador y el destinatario de un registro, incluidos los proveedores de servicios de internet y de red, los servicios de alojamiento web, los buscadores, los mercados en línea y los sitios de pago, y los cibercafés. La sección 79 establece un puerto seguro para el contenido de terceros. La protección se aplica solo cuando el intermediario actúa como un conducto pasivo y observa la debida diligencia y las directrices que prescriba el gobierno central. Se pierde si el intermediario conspira o colabora en un acto ilícito. También se pierde si, tras recibir “conocimiento efectivo” (actual knowledge) o una notificación del “gobierno apropiado”, el intermediario no retira o inhabilita con celeridad el acceso al contenido. Se explicó que la referencia al “gobierno apropiado” responde a que la policía es una competencia estatal y no federal.

En Shreya Singhal v. Union of India (2015), la Corte Suprema declaró inconstitucional la sección 66A (mensajes ofensivos) por vaga y arbitraria. Además, interpretó restrictivamente la sección 79(3)(b) (read down), al sostener que el “conocimiento efectivo” equivale al conocimiento de una orden judicial, y que las órdenes judiciales y las notificaciones gubernamentales deben ajustarse estrictamente a las materias del artículo 19(2). La razón que dio la Corte fue que no se debe exigir a los intermediarios que juzguen la legitimidad de millones de solicitudes. La sentencia también señaló que este enfoque había ganado aceptación en otros países, y citó a la Argentina como pionera (párr. 122). Se destacó que el caso se resolvió bajo las Reglas de 2011.

Se describió a las Reglas de TI de 2021 como legislación delegada dictada por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información y no por el Parlamento. Un primer borrador circuló en 2018 y las Reglas fueron modificadas varias veces. La Parte II establece deberes de debida diligencia (Regla 3(1)), el mecanismo de reclamos (Regla 3(2)) y la debida diligencia respecto de la información generada sintéticamente (Regla 3(3)), así como deberes adicionales para los intermediarios de redes sociales significativos (Regla 4). La Regla 7 dispone que el intermediario que no observe las Reglas pierde la exención de la sección 79(1) y responde conforme a cualquier ley vigente, incluidas la Ley de TI y el Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023. El expositor la describió como “una espada enorme” que rara vez se aplica.

3. Mecanismo de reclamos y Comités de Apelación de Reclamos

Según las Reglas de IT, el usuario o la víctima debe reclamar primero ante el oficial de reclamos (grievance officer) del intermediario, cuyos datos de contacto deben ser públicos. El mecanismo se presentó como una respuesta a los términos de las plataformas que enviaban a los usuarios a arbitrar en el extranjero, y como una forma de asegurar que las disputas puedan resolverse en la India. Los plazos dependen del tipo de contenido: 2 horas para contenido íntimo, sexual o de suplantación de identidad (incluidas las imágenes manipuladas), 36 horas para los pedidos de remoción bajo la Regla 3(1)(b) (con las excepciones enumeradas) y 7 días para todos los demás reclamos. Se observó que un plazo de 2 horas deja poco margen para deliberar. Los intermediarios de redes sociales significativos, que el expositor recordó como aquellos que superan aproximadamente los 5 millones de usuarios en la India, deben además designar oficiales residentes en la India: un oficial jefe de cumplimiento, una persona de contacto nodal y un oficial de reclamos residente. También tienen deberes de identificar al primer originador de ciertos mensajes, etiquetar el contenido generado por IA, desplegar herramientas proactivas contra el abuso sexual infantil y el contenido sexualmente explícito, y notificar a los usuarios antes de retirar contenido por iniciativa propia. Se señaló que el deber de identificar al primer originador es objeto de un litigio pendiente ante la Corte Suprema por la preocupación respecto del cifrado de extremo a extremo.

Se identificó a los GAC (Regla 3A) como el elemento novedoso del marco de 2021. El gobierno central estableció tres GAC en enero de 2023, y las apelaciones se presentan a través del portal de los GAC. Cada GAC se compone de un presidente ex officio, proveniente del Gobierno de la India, y dos miembros de tiempo completo descriptos como independientes. Se observó que estos miembros “independientes” provienen en su mayoría de trayectorias estatales, como oficiales retirados de la policía, la armada y el servicio ferroviario, y ex directivos de bancos públicos, junto con algunos del sector privado. El usuario que se considere agraviado por la decisión del oficial de reclamos, o cuyo reclamo quede sin resolver a tiempo, puede apelar dentro de los 30 días. El GAC “procura” resolver dentro de los 30 días corridos, lo que el expositor caracterizó como aspiracional, porque los tribunales indios consideran que esos plazos son directivos y no obligatorios. El procedimiento se desarrolla íntegramente en línea. Las órdenes del GAC obligan al intermediario, que debe publicar un informe de cumplimiento en su sitio web. Las decisiones de los GAC pueden, a su vez, impugnarse ante las High Courts y, en última instancia, ante la Corte Suprema, mediante una petición de writ bajo el artículo 226. Se señaló que ningún caso de un GAC ha llegado a la Corte Suprema, y se describió el mecanismo como un híbrido entre reclamo privado, órgano designado por el gobierno y control judicial.

4. Jurisprudencia y datos de desempeño

Se presentaron tres decisiones de High Courts. En Atharva v. Union of India (High Court de Bombay, sala de Nagpur, 19 de junio de 2026; ver esta nota de prensa), el tribunal confirmó la suspensión permanente de una cuenta de Instagram por violaciones de las políticas de la plataforma sobre explotación sexual infantil, luego de que el GAC rechazara la apelación del usuario. El tribunal examinó el fondo, consideró que la política de tolerancia cero de la plataforma no era arbitraria ni desproporcionada, y rechazó el planteo de violación del derecho a ser oído, porque el usuario había podido presentar su apelación, documentos y explicaciones ante el GAC. En Ankur Warikoo v. John Doe (High Court de Delhi, 26 de mayo de 2025; ver esta nota de prensa), se utilizaron videos deepfake con el rostro, la voz y el nombre de una figura pública para promover esquemas de inversión. Parte del contenido fue retirado tras los reportes a la plataforma, pero no todo. El GAC consideró prematura la apelación porque el oficial de reclamos no había emitido una decisión específica, y devolvió al reclamante a la plataforma. Tras volver a presentar el reclamo, el contenido siguió en línea y el tribunal ordenó su remoción dentro de las 36 horas. En Sitatex v. Union of India (High Court de Chhattisgarh, 22 de julio de 2026), una cuenta de Instagram había sido bloqueada el 18 de abril de 2026 y la apelación ante el GAC se presentó el 28 de mayo. Con la apelación sin resolver después de más de un mes, el tribunal ordenó al GAC que decidiera dentro de los 10 días. Se desconoce si se cumplió, porque las órdenes de los GAC no son públicas.

Respecto del desempeño, se destacó que, según un informe del gobierno del 8 de enero de 2025, los GAC habían recibido 2.322 apelaciones y resuelto 2.081, una tasa de resolución de alrededor del 90%. Las diapositivas del expositor muestran que, al 5 de octubre de 2026, el portal de los GAC registraba 65.110 apelaciones recibidas y 7.757 resueltas. Se observó que este atraso dificulta cumplir el objetivo de 30 días. Se recomendaron dos fuentes sobre el funcionamiento práctico del GAC: “The Grievance Appellate Committee: Establishment and Working” (Software Freedom Law Center, diciembre de 2025) y una nota de la Internet Freedom Foundation, “The Delhi High Court Directs the Grievance Appellate Committee to Dispose Appeal in 30 Days”, sobre una orden de una High Court que exige resolver a tiempo una apelación ante un GAC.

5. Reformas propuestas y principales preguntas abiertas

Se resumieron tres reformas propuestas a las Reglas de TI, todavía pendientes. La primera, y la más significativa a juicio del expositor, insertaría una nueva Regla 3(4) que haría vinculantes las recomendaciones (advisories), instrucciones e instrumentos similares del ministerio, de modo que su cumplimiento pasaría a formar parte de la debida diligencia de la sección 79, y su incumplimiento podría afectar el puerto seguro. La segunda exigiría que el contenido visual sintético lleve una etiqueta continua y claramente visible durante toda su duración. La tercera aclararía que los requisitos vigentes de conservación por 180 días operan sin perjuicio de obligaciones de conservación más largas o adicionales previstas en otras leyes.

La principal pregunta abierta que se planteó se refiere a la relación entre Shreya Singhal y las Reglas de 2021. Si bien la Regla 3(1)(d) codifica la interpretación restrictiva de la sección 79(3)(b), se sugirió que la arquitectura más amplia de las Reglas (reclamos, monitoreo proactivo y deberes de debida diligencia vinculados al puerto seguro) puede volver a exigir a los intermediarios que evalúen la legalidad del discurso de los usuarios. La pregunta formulada fue si el gobierno puede imponer indirectamente, mediante la debida diligencia de la sección 79(2), lo que la Corte vedó bajo la sección 79(3)(b). Se la presentó como un punto que requiere mayor examen y no como una conclusión. Se plantearon además preocupaciones por la falta de transparencia de los GAC, cuyas audiencias y órdenes no son públicas, por la independencia de un órgano designado por el gobierno que revisa decisiones de actores privados, y por la aplicación desigual, que se concentra en las plataformas más grandes y depende más de la negociación informal que de sanciones formales.

6. Discusión con los participantes

Los participantes preguntaron si las decisiones de los GAC siguen lo resuelto por las High Courts. Se explicó que el GAC no es un tribunal, pero que en la práctica se espera que siga la doctrina de las High Courts y de la Corte Suprema. Esto no puede verificarse mientras sus órdenes permanezcan sin publicar. Se agregó que una mayor participación de abogados y de la sociedad civil podría volver más compleja, desde el punto de vista jurídico, la tramitación ante los GAC. En cuanto a la transparencia, se señaló que los intermediarios publican informes de transparencia con datos agregados y no con información caso por caso. No se pudieron ubicar los informes de cumplimiento que deben seguir a las órdenes de los GAC, y algunos intermediarios parecen no contar siquiera con un oficial de reclamos.

Los participantes también preguntaron qué podría aprender América Latina de la experiencia india. Se señaló que el tamaño del mercado indio permitió exigir presencia local, y que el oficial de reclamos local es un mecanismo valioso, aunque el GAC necesitaría una escala mucho mayor. El expositor reconoció su conocimiento limitado de la región y preguntó cómo se abordan estos temas en la Argentina. Sobre el derecho aplicable, se aclaró que el GAC aplica una combinación de derecho indio y términos de servicio de las plataformas, como en el caso de Bombay. Hasta ahora no ha surgido un conflicto entre ambos, pero los tribunales podrían invalidar un término contrario al artículo 19. En respuesta, los participantes observaron que no existe un estándar homogéneo en América Latina, que Brasil lidera la regulación de la niñez en línea y de la responsabilidad de los intermediarios, y que la región mantiene los mismos debates que otras regiones sobre la debida diligencia, la restricción del acceso de niños y niñas a las redes sociales y la regulación basada en el diseño. Se sugirió realizar una futura mesa sobre América Latina.

7. Aclaraciones

Regla de Chatham House: este informe sigue la Regla de Chatham House en todo momento. El contenido sustantivo, incluidos los datos, hallazgos y posiciones presentados, proviene principalmente de la presentación y las diapositivas del expositor invitado. Los comentarios y preguntas formulados durante la discusión se reportan sin atribución individual.

Aclaración sobre el uso de IA: se utilizaron herramientas de inteligencia artificial para ayudar a preparar este resumen. El texto fue revisado antes de su circulación.

Resumen redactado por Josefina Gálvez, Research Assistant, CELE.