Boletín mensual Observatorio Legislativo | Mayo 2023

La subsecretaria de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Cecilia Sleiman, participó del panel “Usos de la inteligencia artificial, impacto en la región y desafíos para su regulación” realizado en el marco del Seminario Internacional. La actividad fue organizada por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). El evento permitió llevar a cabo reflexiones sobre la necesidad de establecer criterios y herramientas para clasificar las tecnologías e identificar cuáles corresponden a la inteligencia artificial y darle un desarrollo a través de políticas públicas.

Los tintes de la violencia de género en los entornos periodísticos: Mujer periodista denunció haber sido amenazada de muerte por denunciar abusos sexuales.

Gender-based violencePress freedom

El juez federal Leopoldo Bruglia demandó al presidente Alberto Fernández por daños y perjuicios por difamación al publicar en su cuenta oficial de Twitter su postura respecto a los fallos emitidos por dicho juez. Bruglia alegó “daño al honor, reputación y dignidad -con afectación moral– daño en la imagen pública, familiar, social e institucional”.

Freedom of expression

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina falló a favor del periodista Sergio Widder demandado por Pedro Brieger por el delito de calumnia al señalarlo de ser “cómplice” del terrorismo palestino. Los jueces concluyeron que Widder actuó bajo el amparo de la “libertad de expresión en materia de opiniones” y que por sus expresiones no merece pagar una indemnización.

Freedom of expressionPress freedom

El Ministerio Público exige aclaraciones sobre ofensivas contra el Proyecto de Ley nº 2630/2020. El Procurador Yuri Luz, del Ministerio Público Federal (MPF), de São Paulo, ordenó que Google y Meta proporcionasen información sobre supuestas ofensas contra la votación del Proyecto de Ley nº 2630/2020. La Investigación Civil Pública tiene como objetivo investigar el direccionamiento de los resultados de búsqueda en Google para los links con críticas al proyecto de ley y, especialmente, para el link del artículo con el posicionamiento de la plataforma sobre el tema. Además, la investigación busca investigar si Meta había servido anuncios - con publicaciones promocionadas - en contra del PL nº 2.630/2020, sin identificar que eran anuncios. El Fiscal pidió aclaraciones a las plataformas y ordenó que, en el plazo de 10 días, Google facilite información sobre qué criterios guiaron los resultados de búsqueda sobre el proyecto en el período comprendido entre el 20.04.2023 y el 02.05.2023, informando los motivos del envío de “alertas urgentes” a los creadores de contenidos en YouTube.

Freedom of expression

Alexandre de Moraes determina la retirada de contenidos con ataques al Proyecto de Ley nº 2630/2020. El Ministro de la Suprema Corte brasileña Alexandre de Moraes ordenó a Google, Meta, Spotify y Brasil Paralelo retirar contenidos que ataquen o promuevan desinformación sobre el Proyecto de Ley 2630/20. La decisión estableció la eliminación completa, en un plazo de una hora, de todos los anuncios, textos e información publicados y propagados desde el blog oficial de Google con ataques al PL 2630, bajo multa de R$ 150.000 por hora de incumplimiento por pieza de anuncio. Además, Moraes ordenó a las empresas que señalasen, en un plazo de 48 horas, los métodos y algoritmos de aumento de alcance e inducción de la búsqueda en “PL da Censura”, y dio un plazo de 5 días para que la Policía Federal escuchara a los directores generales de las empresas. En los fundamentos de la decisión, el Ministro mencionó un estudio universitario que afirma que “los datos sugieren que Google ha estado utilizando los resultados de búsqueda para influir negativamente en la percepción que los usuarios tienen del proyecto de ley”. Alexandre de Moraes también afirmó que las empresas utilizaron mecanismos inmorales e ilegales que pueden constituir abuso de poder económico, generar desinformación y fomentar “prácticas de milicia digital en las redes sociales”.

Digital platforms

El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, pospone la votación del Proyecto de Ley nº 2630/2020. El Presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (PP/AL), pospuso la votación del Proyecto de Ley 2630/2020. El proyecto, que contiene diversas reglas para las plataformas digitales en Brasil, incluso para moderación de contenido, remuneración de periódicos, inmunidad parlamentaria, envíos masivos, entre otros, tuvo su tramitación de urgencia aprobada el 25.04, y la votación estaba prevista para el martes, 02.05. La decisión se dio por solicitud del ponente del proyecto Orlando Silva (PCdoB/SP), que pidió más tiempo para ajustar el texto después de reunirse con líderes de los partidos. Según Orlando, no había tiempo para “examinar todas las cuestiones”. Arthur Lira no fijó una nueva fecha para la votación.

Freedom of expressionDigital platforms

La Secretaría Nacional del Consumidor ordena que Google designe como “publicidad” su texto contra el Proyecto de Ley nº 2630/2020. La Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ordenó a Google marcar como “publicidad” un link fijado en su página de inicio de búsqueda el 01.05, con el texto “El PL de fake news puede aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil”. El artículo decía que la ley protegería aquellos que producen desinformación, con un link para enviar mensajes a los parlamentarios. Senacon argumentó que aunque las empresas tengan derecho a pronunciarse sobre las leyes que afectan a sus intereses, “este derecho de los agentes privados enfrenta limitaciones, especialmente cuando genera como efecto secundario la acentuación de la vulnerabilidad informativa del consumidor, que desconoce el método empleado por el proveedor de productos y servicios”. Afirmó que la actitud de la empresa puede considerarse fraude por abuso de poder económico y determinó señalar el artículo como “contenido publicitario”, informando si hubo interferencia en la indexación de búsquedas. Senacon estableció un plazo de dos horas, bajo multa de 1 millón de reales a Google en caso de incumplimiento. También abrió un procedimiento administrativo. La empresa retiró el enlace de su página de inicio. El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) también abrió un procedimiento administrativo de investigación contra Google y Meta por abuso de poder económico en las discusiones del PL nº 2.630/20.

Freedom of expression

Alexandre de Moraes ordena a Telegram eliminar mensaje enviado sobre el Proyecto de Ley nº 2630/2020. El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó a Telegram eliminar un mensaje enviado a los usuarios de la plataforma con críticas al Proyecto de Ley (PL) no. 2630/20. El mensaje, objeto de la decisión, fue enviado por la aplicación el 09.05, y afirmó que la democracia brasileña estaría en riesgo debido a la PL no. 2630/20, trayendo puntos, por ejemplo, “cómo este proyecto de ley va a matar a la Internet moderna si se aprueba con la redacción actual”. Además, la decisión, emitida en el marco de la investigación de fake news, determinó que Telegram enviara un nuevo mensaje a los usuarios (comunicando que la conducta de la empresa “caracterizaba la FLAGRANDE E ILEGAL DIFUSIÓN amenazando el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Estado de Derecho y la Democracia Brasileña”), y que la Policía Federal (PF) tomara testimonio de los representantes de la plataforma en Brasil. En caso de incumplimiento de las medidas por parte de Telegram, Moraes dispuso una multa de R$ 500 mil por hora y la suspensión de la aplicación durante 72 horas. En la decisión, el ministro afirma que Telegram es “reincidente en prácticas que, por acción u omisión, permiten la proliferación criminal de mensajes fraudulentos”. La empresa acceptó la decisión, eliminando el contenido sobre el PL nº 2630/20 y enviando el mensaje determinado por el STF. La Secretaría Nacional del Consumidor también abrió un procedimiento para investigar la mensajería de Telegram a sus usuarios contra el Proyecto de Ley 2.630/2020.

Freedom of expression

Diputado propone nuevo proyecto de ley para regular Internet. El Diputado Federal Lafayette de Andrada (REPUBLICANOS/MG) propuso el Proyecto de Ley 2.582/2023, que busca establecer el Sistema Brasileño de Defensa de la Libertad de Expresión y Combate Integrado a la Práctica de Actos Ilícitos en Internet (SBDL). En su justificación, el diputado afirma que es necesaria una ley que “promueva la seguridad y la fiabilidad del entorno público de la Internet”. Según él, el poder público aún no está preparado para regular las redes. El diputado se refiere sentencias del STF como ejemplos de actos reducción de la libertad de expresión en Internet y promoción de censura.

Digital platformsFreedom of expression

Sentencias sobre la constitucionalidad de los artículos 12 y 19 del Marco Civil de Internet por el STF están programadas para el 17.05. El 9 de mayo de 2010, la Presidente de la Suprema Corte brasileña (STF), Rosa Weber, programó para el 17 de mayo el juicio de los Temas 987 y 533, que implican el tratamiento del Marco Civil da Internet (MCI) con respecto a la responsabilidad civil de las plataformas de Internet por daños derivados de contenidos generados por terceros. Además, el Tribunal también programó para el mismo día, la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 5527 y el Recurso de infracción de precepto fundamental (ADPF) 403, que se ocupan de la posibilidad de decisiones judiciales para autorizar el bloqueo nacional de aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y Telegram, por jueces brasileños.

Digital platforms

TJSC disminuye la indemnización a pagar por Felipe Neto a la mujer que había divulgado el mensaje. Un juez bajó la indemnización que el influenciador Felipe Neto debe pagar a una mujer por haber divulgado su perfil negativamente. En primera instancia, Felipe Neto había sido condenado a pagar R$ 30,000.00 en daños y perjuicios por supuestamente promover el “linchamiento virtual” en las redes sociales. El influencer habría publicado el screenshot de un mensaje sobre la liberación del comercio en la pandemia de 2020 en su Twitter, afirmando que nunca había visto “tanta gente inhumana” en su vida. El juez Marcos Fey Probst, relator del caso, desestimó todos los argumentos del influencer contra la condenación, pero aceptó la reducción de la indemnización a R$ 5.000,00, siendo acompañado por los demás jueces.

Digital platformsFreedom of expression

Bolsonaro condenado a pagar daños morales colectivos. El ex presidente Jair Bolsonaro fue condenado por el Tribunal de Justicia de São Paulo a pagar R$ 50.000,00 en daños y perjuicios por sus repetidos ataques contra periodistas, en una demanda presentada por el Sindicato de Periodistas Profesionales de SP. La defensa del ex presidente alegó que los insultos proferidos por Bolsonaro estaban dirigidos a profesionales específicos, y no a la clase de periodistas. Sin embargo, el juez encargado del caso entendió que, con las debidas reservas sobre el límite de la libertad de expresión, las manifestaciones de Bolsonaro fueron abusivas y ofensivas a la intimidad y a la dignidad, lo que habría ocurrido “en relación a la categoría como un todo”.

Press freedom

El juzgado de Garanrái de Concepción revisará el caso de Henry Campos contra Diario Resumen luego del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde condenó al Estado de Chile por no respetar el derecho a la libertad de expresión en el caso del abogado Carlos Baraona Bray. El juzgado se basará en dicho fallo para emitir decisión en el caso de Henry Campos.

Press freedomFreedom of expression

El proyecto de ley que pretende regular la protección de datos personales, su tratamiento y la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) pasó a Tercer Trámite Constitucional en el Congreso Nacional. El Proyecto de ley busca incorporar una serie de obligaciones de seguridad, información y gestión para los responsables del tratamiento de los datos. Así mismo, la nueva entidad se encargará de vigilar la efectiva protección del uso de esta información y fiscalizará el cumplimiento de la ley con la facultad de imponer multas.

Right to privacy

Fue asesinado en Ciénaga de Oro, Córdoba, el periodista Luis Gabriel Pereira. Pereira era director del medio digital Notiorense. El medio de comunicación publicaba noticias sobre el orden público del municipio, en el cual hay altos índices de violencia. Además, de acuerdo a lo reportado por medios de comunicación, recientemente Pereira había revelado en uno de sus artículos el nombre de un presunto feminicida. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó el asesinato y solicitó a la Fiscalía General de la Nación que considere dentro de sus hipótesis de investigación que el asesinato fue motivado por el oficio periodístico de Pereira.

Press freedom

El 23 de mayo se radicó en el Senado un proyecto de ley que busca crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital, una entidad descentralizada que formaría parte de la rama ejecutiva. De ser aprobada la ley, la agencia tendrá la función de formular y aplicar estrategias y políticas públicas en materia de seguridad digital y ciberdefensa nacional.

Right to privacy

El 25 de mayo se aprobó en cuarto debate un proyecto que busca eliminar la violencia contra las mujeres en la vida política. A pesar de las buenas intenciones del proyecto, varias organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por los límites excesivos que crearía a la libertad de expresión. Según las organizaciones, la ambigüedad de las definiciones contenidas en el proyecto podrían prestarse para aplicaciones arbitrarias por parte de las autoridades. Por tratarse de un proyecto de ley estatutaria que regula derechos fundamentales, ahora el texto aprobado tendrá que ser revisado automáticamente por la Corte Constitucional antes de pasar a sanción presidencial.

Gender-based violenceFreedom of expression

LawEcuador se suma a la tendencia latinoamericana de regular la protección de datos personales. El 26 de mayo se promulgó la Ley de Protección de Datos Personales que sancionará con multas a las empresas infractoras que entreguen información de sus clientes sin previa autorización.

Right to privacy

Organizaciones de la sociedad civil y gremios periodísticos internacionales solicitaron, a través de un comunicado, respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa durante las elecciones que se celebrarán el 25 de junio en Guatemala.

ElectoralPress freedomFreedom of expression

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitando se les permita sesionar con cuatro integrantes con la finalidad de resolver los más de tres mil medios de impugnación pendientes por resolver, y con ello poder seguir garantizando la transparencia en México.

Right to privacyAccess to information

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información exhortó al Senado de México a realizar el nombramiento de los tres consejeros/as del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales restantes para que continúe garantizando el derecho a la información en México, y además pueda cumplir con sus obligaciones internacionales como parte del Comité Ejecutivo de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información. Este mismo llamado fue hecho por la Red Iberoamericana de Protección de Datos el 21 de mayo de 2023. Por su parte, el 5 de mayo de 2023, diversas organizaciones y periodistas cuestionaron la postura del Gobierno Federal de querer eliminar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la postura del Senado de posponer el nombramiento de tres de tres de los puestos vacantes para consejero/a.

Access to information

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene la facultad para determinar de manera preliminar y únicamente con relación al ejercicio del derecho a la información cuándo un hecho es una violación grave a los derechos humanos.

Access to information

Diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron el aumento de ataques a la periodista Denisse Dresser y sus hijos en la cuenta personal de twitter de la periodista. El incremento de los ataques coincide con la publicación que hizo sobre el Presidente de México y sus hijos a raíz de una investigación periodística realizada por Latinus en la que dan a conocer tráfico de influencia y conflicto de interés de los hijos del presidente. Las organizaciones exigieron que el Gobierno Federal deje de mandar mensajes estigmatizantes contra la periodista y elimine la sección Quien es Quien en la Mentiras en el programa que conduce el Presidente cada miércoles; y solicita al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tomen acciones al respecto.

Press freedom

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el Acuerdo Presidencial por el que determinó como seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021. Con ello se continúa garantizando el derecho a la información sobre el costo permisos y proceso de construcción de los proyectos de infraestructura del gobierno federal.

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto publicado el 18 de mayo de 2023, por el Ejecutivo Federal en el que declara la construcción del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otras obras, como de seguridad nacional y de interés público. Por su parte, las organizaciones Artículo 19, Fundar y Designaciones Públicas denominaron como desacato a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la publicación del decreto antes mencionado.

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Se dio a conocer por el periódico New York Times que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, fue espiado con el software pegasus. Es de resaltar que este funcionario de alto cargo ha encabezado investigaciones vinculadas con la actuación de personal militar en las épocas de la Guerra Sucia y de Ayotzinapa, y ha sido critico a la expansión de facultades a los militares.

Right to privacy

La Corte Suprema de Justicia emitió una resolución que establece la continuación del juicio contra el periodista Daniel Yovera por difamación, a pesar de que dos instancias del Poder Judicial había declarado prescrito el proceso el año pasado. La denuncia contra Yovera fue presentada en julio de 2019 por Alberto Gómez De la Torre debido al documental “The Sodalitium Scandal”, emitido en 2015 por la cadena Al Jazeera. Aunque dos instancias judiciales habían considerado prescrito el caso, Gómez De la Torre impugnó esta decisión ante la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. En su resolución del 2 de mayo, la sala determinó que el caso no ha prescrito debido a que se trata de un “delito continuado”. La decisión de la sala se fundamenta en el hecho de que en diciembre de 2018, Yovera publicó unos tuits que incluían el enlace del reportaje “The Sodalitium Scandal”. Según los jueces, el hecho de compartir el enlace del reportaje “demuestra una nueva manifestación de voluntad por parte del acusado al publicar dichos tuits, lo cual ratificaría el contenido del mencionado reportaje”.

Freedom of expressionPress freedom

El Congreso de la República de Perú aprobó en primera votación expresa, sin justificación y a pesar de la oposición del Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, el Proyecto de Ley 2862/2022-CR, que plantea el incremento de las penas por delitos de difamación y calumnia cometidos a través de medios de comunicación. El marco propuesto de pena de cárcel para el delito de difamación es de 2 a 4 años. El dictamen, que implica modificaciones en los códigos Penal y Civil con el fin de “sancionar el uso indebido de medios de comunicación, redes sociales y sitios web de divulgación colectiva”, fue aprobado sin debate, en primera votación, con 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones. La segunda votación ha sido anunciada para el pleno del día jueves 25 de mayo.

Freedom of expression

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitió la sentencia casatoria 1464-2021/Apurímac, en la que se establece que las protestas violentas que resulten en ataques a personas y a la propiedad pública y privada son consideradas como delitos. La sentencia fue dictada en respuesta al recurso presentado por cuatro personas que fueron condenadas en 2019 por el delito contra la seguridad pública, debido a su participación en el bloqueo de la carretera hacia la mina Las Bambas, en Apurímac, lo cual impidió el paso de camiones de transporte de cobre. Diversos políticos, e instituciones privadas han expresado críticas hacia la sentencia. Sin embargo, también ha habido opiniones favorables expresadas por abogados y académicos, quienes sostienen que la sentencia sí reconoce la protesta como una forma legítima de ejercer el derecho a la libertad de expresión y de reunión. No obstante, se establece también que los delitos no son considerados una forma legítima de protesta. Posteriormente, el 18 de mayo, el Poder Judicial emitió un pronunciamiento en respuesta a las críticas a la sentencia de casación de la Corte Suprema y recalcó que el Poder Judicial sí reconoce a la protesta como un derecho constitucional.

Freedom of expression